Causa contratos: abogados defensores apelaron los embargos y reclamaron pericias

La audiencia de apelación fue pedida por los abogados Guillermo Vartorelli y Patricia Balín, codefensores de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla. Al pedido se sumó el abogado Emilio Fouces en representación Sergio Cardoso, Gustavo Falco y Sandra Marozzini; los defensor José Velázquez y Leonardo Shonfeld en representación de Jazmín Mena Giovenni, Jorge Valladares y Nicolás Beber; el abogado Franco Cánepa en representación de Renato Mansilla; y los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti en defensa de Gabriela Wainstein.

Del lado de la acusación estuvo el Ministerio Público Fiscal representado por Patricia Yedro e Ignacio Aramberry; y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, como actor civil interesado en el patrimonio del Estado entrerriano.

La jueza de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, presidió la audiencia y dará a conocer el viernes a las 12 la resolución sobre los planteos.

«No tienen el mismo interés»

Antes de discutir los embargos, los abogados defensores cuestionaron la intervención de la Fiscalía de Estado en la audiencia. La voz cantante fue José Velázquez que preguntó los motivos de la presencia de Rodríguez Signes y dijo que el Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Estado «no tienen el mismo interés en el proceso». Al cuestionamiento se plegó el resto de los defensores. «Una cosa es lo penal y otra cosa es lo civil», diferenció Velázquez. «No se puede mezclar todo», acotó y pidió «que se declare la inadmisibilidad y se retire de acá».

Castagno resolvió rápidamente la cuestión. «Esta audiencia es para tratar los planteos sobre los embargos y no para discutir la admisibilidad o no de la Fiscalía de Estado», dispuso.

3.000 millones de pesos, un embargo «sin fundamentos»

Los defensores expusieron por más de dos horas. Empezó Vartorelli, sentado en un extremo de la línea defensiva y siguió el resto, uno a uno, hasta llegar a la otra punta. Cuestionaron el monto del embargo interpuesto porque aseguran que los fiscales no tienen  respaldo para definirlo. En ese sentido, apuntaron a un informe contable, elaborado por un contador de la propia Fiscalía y cuestionaron la inexistencia de una pericia contable donde puedan intervenir todas las partes. «Ese informe no tiene rigor técnico. Está basado en archivos de excell, anotaciones de cuadernos y extractos bancarios. Además, el monto obtenido de ahí se dolarizó y se colocó como si fuera el total de la sustracción de las dos cámaras», se quejó Vartorelli.

«Se salió a embargar lo que venga», remarcó el abogado que también le dedicó un tramo de su exposición a Sergio Cardoso. «La Fiscalía tiene un matete bastante grande. Han contrariado todos los usos y costumbres del Poder Judicial», arremetió.

«El Ministerio Público Fiscal no tiene competencia para hacer un reclamo civil, por eso está acá la Fiscalía de Estado», denunció más tarde el abogado Velázquez, que en tono similar también señaló: «En una audiencia la fiscal Adjunta Cecilia Goyeneche negó dos veces tener alguna vinculación comercial con Pedro Opromolla y resulta que después la tenía».

El abogado Iván Vernengo dijo que «la presencia de la Fiscalía de Estado es arbitraria». Luego atacó a los representantes del MPF: «No investigaron nada y están en un berenjenal jurídico descomunal. El patrimonio de todos los imputados no llega ni al 10% del total embargado ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las investigaciones patrimoniales previas a los embargos sobre personas que no están imputadas, para decir que son testaferros? ¿Si Goyeneche no está sospechada de formar parte de la asociación ilícita, ¿por qué sí lo está la esposa de Bilbao?», preguntó.

Que se mantengan los embargos

La medida cautelar millonaria sobre imputados y familiares vinculados a la causa contratos fue refrendada en primera instancia por la jueza de Garantías Marina Barbagelata. En esta instancia, las defensas desarrollaron su apelación a esa primera decisión judicial.

La fiscal Patricia Yedro revalidó la decisión de Barbagelata y pidió que se mantengan los embargos. Dijo que hubo errores que fueron corregidos. «El cálculo de 3.000 millones de pesos fue realizado con fundamentos. Es un monto que surge de la evidencia y se actualizó en dólares porque parte de la recaudación irregular era para adquirir dólares. Acá se ha confundido el embargo con el decomiso. Lo que intentamos es asegurar el recupero de activos en base a una posible condena», manifestó.

Respondió además en referencia a los embargos sobre cónyugues. «Sí tienen que ver con esto porque hay una confusión patrimonial y no tienen forma de justificar las inversiones». Recordó que las medidas cautelares son decretadas «inaudita parte. 2esto puede afectar activos de origen lícito».

«Acá dijeron que nos negamos a una pericia contable pero eso no es verdad. Hay puntos de pericia que están pedidos pero no podemos contestar porque las cámaras no nos envían la información».

Para la Fiscalía de Estado son 2.192 millones de pesos

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, adhirió a los pedidos de Fiscalía. «Estoy en la necesidad de resguardar el patrimonio público. Esto no pasa por si es civil o penal, sino por la reparación de un perjuicio patrimonial regido por la Constitución», respondió.

El funcionario del Gobierno provincial manifestó que había «calculado» la defraudación «de otra forma» y no a través de la dolarización como lo hizo el contable del MPF. «Me da 2.192 millones de pesos al 2 de septiembre de 2018», reveló.

Fuente: analisisdigital.com.ar

Compartir: